“Somos parte de la naturaleza, no sus dueños”

Francia Márquez, lideresa social, amenazada por enfrentarse a la minería en el departamento del Cauca

Tuve la oportunidad de entrevistar a Francia Márquez, Premio Goldman 2018, considerado el Nobel verde en un momento en el que en el imaginario mundial la paz ha llegado a Colombia. Pero no para esta luchadora amenazada que sigue alzando la voz por los derechos de las comunidades afrocolombianas frente a los abusos de la minería. Una lideresa social que  camina sobre el alambre en el país con más conflictos medioambientales del mundo y donde más de 300 líderes sociales han sido asesinados desde el final de la guerra con las FARC.  Os comparto el reportaje que publiqué sobre ella en El Periódico de Catalunya hace unos días y que también podéis ver aquí.

Buenaventura: ‘Somos Pacífico’

Las comunidades negras de Buenaventura, a orillas del Pacífico, luchan por no perder su identidad. Foto: Javier Sulé

Me encontraba en Buenaventura, uno de esos lugares en Colombia de los que habitualmente no se suele hablar muy bien en los medios de comunicación. Aquí, en medio de un complejo contexto de violencia, conflicto armado, narcotráfico e intereses económicos vive una población mayoritariamente afrodescendiente. Son comunidades negras que desde la historia, la cultura y el territorio quieren seguir, a pesar de todo, construyendo sus propias formas de vida y continúan luchando por no perder su identidad.

25 años sin Carlos Pizarro

María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro. Foto: Javier Sulé

Hoy 26 de abril se cumple un cuarto de siglo del asesinato del que fue máximo comandante del Movimiento M19. Su hija María José Pizarro rememora y evoca la figura de este líder guerrillero colombiano que murió asesinado 45 días después de hacer dejación de armas y firmar la paz. Carlos Pizarro era ya candidato presidencial. Aquel día tomó un vuelo a Barranquilla. Ya dentro del avión un sicario le disparó a quemarropa con una metralleta. Su lucha por encontrar un camino de paz y democracia en el país se reivindica hoy más que nunca con el actual proceso de paz que el gobierno y las FARC siguen en La Habana.

Comunidad de paz de San José de Apartadó, resistencia y dignidad contra la guerra

Mujeres de la comunidad de paz de san José jugando fútbol un domingo. Foto: Javier Sulé

La región del Urabá antioqueño no sólo se conoce por el banano y por la violencia de la guerra, también por las formas de resistencia creadas por los propios campesinos para vivir en medio de un conflicto armado y no tener que abandonar sus tierras. La llamada Comunidad de Paz de San José de Apartadó, con el apoyo de algunos sectores de la Iglesia y el acompañamiento internacional, se convirtió en uno de esos símbolos de resistencia contra la guerra. Esta es su historia a las puertas de cumplir sus 18 años de edad

La masacre de San José de Apartadó en el recuerdo

La Masacre de San José de Apartadó terminó con la vida de 8 personas, entre ellas tres niños . Foto: Javier Sulé

Siete años después de haberla visitado por primera vez, regresé a la comunidad de Paz de San José de Apartadó. Lo hice para conmemorar un triste aniversario; los 10 años de la masacre que terminó con la vida de ocho miembros de esta comunidad, entre ellas tres niños asesinados con una crueldad extrema. La barbarie cometida por militares del Ejército colombiano con el apoyo de grupos paramilitares pretendía acabar con esta experiencia de resistencia a la guerra. No lo consiguieron. El mes próximo celebrarán su mayoría de edad, 18 años de vida como organización que no admite a ningún actor armado en su territorio.

“Parte de mi resistencia tiene que ver con lo que aprendí de las poblaciones afro e indígena”

Teresa Aristizábal, defensora de derechos humanos y miembro de la Ruta Pacífica. Foto: Javier Sulé

Teresa Aristizábal lleva 30 años involucrada como defensora de derechos humanos en el movimiento social de mujeres, 16 de ellos con la Ruta Pacífica. Ya sea en el Urabá, en el Putumayo, en Tumaco o en su propia región de Antioquia, se ha movido en territorios hostiles controlados por grupos paramilitares, siempre trabajando con poblaciones vulnerables y  acompañando a mujeres que han sufrido todo tipo de atropellos. Han sido muchos los sinsabores pero, aun así, dice sin fisuras que su trabajo vale la pena. Retomo esta entrevista realizada hace un tiempo para seguir poniendo en valor el trabajo que realizan cientos y de mujeres por la salvaguarda de los derechos humanos en Colombia.

“Las víctimas necesitan una explicación del por qué les sucedió lo que les sucedió”

Maira Rincón, defensora de derechos humanos. Foto: Javier Sulé

El conflicto armado en Colombia, en el que han participado paramilitares, guerrillas, agentes del Estado y narcotraficantes, ha dejado más de seis millones de víctimas. Maira Rincón es defensora de derechos humanos y conoce bien esta realidad en los departamentos caribeños del César y La Guajira donde trabaja con la Fundación Infancia Feliz. Retomo esta entrevista realizada hace un tiempo a esta abogada que ha tenido que enfrentar los estragos causados por el paramilitarismo en la región del Caribe y la impotencia ante la ausencia de justicia y los escasos resultados en la reparación a las víctimas.

Los otros colombianos

Más de cinco millones de colombianos viven fuera de su país. Foto: Javier Sulé

Más de cinco millones de colombianos y colombianas viven fuera de su país. A muchísimos de ellos y ellas fue el conflicto armado el que les truncó su proyecto de vida y les indicó el camino de salida. Detrás, infinidad de historias que hablan de la inhumanidad de la guerra, de la soledad y el desarraigo, del olvido del Estado que les vio partir y de las duras condiciones de vida que tuvieron que afrontar como inmigrantes. Ahora, el exilio y la emigración colombiana, con presencia en lugares de todo el mundo, han empezado a organizarse. Lo han hecho alrededor del llamado Foro Internacional de Victimas desde donde hicieron ya oír su voz en las negociaciones de La Habana y quieren que, como víctimas también del conflicto armado, el Estado inicie procesos de memoria, reparación y retorno digno.

Doris Rivera: «Por miedo permitimos que el Ejército cometiera muchos abusos»

Doris Rivera, líder social de la Región del Meta. Foto: Javier Sulé

Ni las constantes amenazas ni la persecución, ni tan siquiera haber sufrido varios atentados han hecho desistir a esta reconocida líder social de su trabajo como defensora de derechos humanos en favor de las comunidades del Ariari, en el Meta. Para proteger su vida ha tenido que ir de un lugar a otro como desplazada y hasta vivir un tiempo refugiada en España. Es el coste de denunciar y visibilizar los atropellos que comete la fuerza pública contra la población civil en su región.

Ruta Pacífica, las caminantes de la paz

La Ruta Pacífica de las Mujeres recibió el Premio Nacional de Paz 2014. Foto Javier Sulé

La Ruta Pacífica de las Mujeres recibió hace unos días el Premio Nacional de Paz en Colombia. Este movimiento formado por más de 400 organizaciones y 10000 mujeres ejemplifica mejor que nadie el significado del 25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género. Con ellas compartí tres grandes movilizaciones que nunca olvidaré y que ahora rememoro en esta crónica

Claudia Mejía: “Tener un perfil alto es la mejor manera de protegernos de las amenazas”

La defensora de derechos humanos Claudia Mejía, directora de Sisma Mujer. Foto: Javier Sulé,

Ella es la directora de la reconocida organización feminista colombiana Sisma Mujer. Lleva 40 años tratando de construir un país sin violencias en el que se respeten los derechos de las mujeres. Asegura que en los últimos años muchas colombianas han sido capaces de empoderarse, reivindicar sus derechos y exigir reparaciones. Pero también admite, precisamente por ello, que la situación de riesgo que corren en Colombia los defensores y defensoras de derechos humanos podría ir a más en el futuro, particularmente para las mujeres que se dedican a esta labor.

Soraya Gutiérrez: “Quisieron neutralizarnos con acciones de guerra psicológica”

Soraya Gutiérrez, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Foto: Javier Sulé

Soraya Gutiérrez sabe por experiencia propia los riesgos de ser defensora de derechos humanos en Colombia. Sin embargo, lo asumió como un compromiso de vida y lleva ya 19 años como abogada en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), una organización referente en el país en esa materia. Aprendió a manejar el estrés y el miedo ante las amenazas, pero reconoce que flaqueó cuando esas amenazas tocaron directamente a su hija. Fue el día que recibió un paquete en su casa con una muñeca descuartizada y un mensaje que decía: usted tiene una familia muy linda, no la sacrifiqué. Este es el testimonio de una mujer valiente y comprometida con las víctimas del conflicto armado que revela la inhumanidad de la guerra y las cloacas del terrorismo de Estado.  

Defensores, mártires del conflicto (y II)

Los defensores y defensoras tratan siempre de visibilizar la situación de vulneración de derechos humanos que vive Colombia. Foto: Javier Sulé

José Aristizábal estuvo 11 años exiliado en España. Hace apenas tres meses decidió regresar a Colombia con el deseo de contribuir en la construcción de una nación distinta ahora que el país afronta un momento histórico transitando un proceso de paz. Ayer, sin embargo, nos escribía desde Bogotá para decirnos que ha vuelto a ser amenazado de muerte junto a otros de sus compañeros. Nada parece así cambiar para los defensores de derechos humanos en Colombia que siguen estando permanentemente en el ojo del huracán. 

Defensores, mártires del conflicto (I)

Dos jóvenes de Brigadas Internacionales de Paz, una organización que acompaña y da protección a comunidades y a sus líderes sociales. Foto: Javier Sulé

En medio del conflicto armado colombiano, reivindicar y defender los derechos de las víctimas se convirtió en una actividad de alto riesgo que puso a los defensores y defensoras de derechos humanos en el punto de mira del poder político y militar, de los grupos paramilitares y de multinacionales con grandes intereses económicos en el país.  Más de 200 personas de este colectivo han sido asesinadas en los últimos cuatro años en Colombia. Hoy, su situación sigue siendo crítica, especialmente para los reclamantes de tierras.