Defensores, mártires del conflicto (y II)

Los defensores y defensoras de derechos humanos tratan siempre de visibilizar la situación de la población civil afectada por el conflicto armado. Foto: Javier Sulé

Los defensores y defensoras tratan siempre de visibilizar la situación de vulneración de derechos humanos que vive Colombia. Foto: Javier Sulé

José Aristizábal estuvo 11 años exiliado en España. Hace apenas tres meses decidió regresar a Colombia con el deseo de contribuir en la construcción de una nación distinta ahora que el país afronta un momento histórico transitando un proceso de paz. Ayer, sin embargo, nos escribía desde Bogotá para decirnos que ha vuelto a ser amenazado de muerte junto a otros de sus compañeros. Nada parece así cambiar para los defensores de derechos humanos en Colombia que siguen estando permanentemente en el ojo del huracán. 

A la recepción de la Fundación Nuevo Arco Iris donde trabaja José Aristizabal llegó hace unos días un sobre con un panfleto firmado por el grupo Águilas Negras, heredero del paramilitarismo supuestamente desmovilizado en 1996. En la nota recibida se amenazaba de muerte a 99 hombres y mujeres dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y activistas de paz con sus nombres y apellidos. Entre ellos están el propio José Aristizábal, Fernando Hernández y Adolfo Bula, tres de las personas que firmaron los acuerdos de paz entre la Corriente de Renovación Socialista (CRS) y el Gobierno Nacional en 1994. Sólo un mes antes, el director ejecutivo de la Fundación Nuevo Arco Iris Fernando Hernández Valencia había sido declarado objetivo militar por el grupo de ¨Los Rastrojos”

“No he cumplido aún tres meses de haber regresado a Colombia y ya está ahí la amenaza. Y no fue suficiente que pasara once años lejos del país, en España y Catalunya, para que otra vez me vuelvan a amenazar. Pensaba que al retornar podría dedicarme más o menos tranquilamente al trabajo de investigación por la paz. Que al haber un gobierno que está negociando un acuerdo de paz con las Farc y fue elegido con la promesa de la paz, uno podría ejercer su derecho elemental a caminar fresco por la calle sin escoltas ni esquemas de seguridad. Nunca me imaginé que esos heraldos de la muerte tomaran nota tan rápido de este regreso. Que no me dejaran casi ni llegar…” Con estas palabras cargadas de amargura, José Aristizabal dirigía su denuncia pública por carta al Presidente de la nación y al Fiscal General del Estado.

Los defensores y defensoras de derechos humanos que durante tanto tiempo sufrieron ataques, asesinatos, amenazas, judicializaciones y estigmatización observan ahora con preocupación cómo las amenazas contra ellos no cesanEl último informe del Programa Somos Defensores ya constataba que en el primer semestre de este año hubo 194 agresiones a defensores, de las cuales más de la mitad llevaban la firma de grupos ‘paramilitares” rebautizados con el nombre de ‘Aguilas negras’, ‘Urabeños’ o ‘Rastrojos’. Otro informe de Naciones Unidas señalaba que al menos 40 líderes sociales han sido asesinados en lo que va de año en el país.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos colombianas llevan tiempo reivindicando la solución negociada del conflicto. Foto: Javier Sule

Las organizaciones sociales y de derechos humanos colombianas llevan tiempo reivindicando la solución negociada del conflicto. Foto: Javier Sule

 Colombia atraviesa un momento político trascendente. En el marco del proceso de paz varios sectores sociales, en especial el movimiento de derechos humanos, ha impulsado iniciativas que pueden contribuir a la generación de una cultura de paz partiendo del reconocimiento de la dignidad humana como base para transitar el camino de la reconciliación. Pero ¿por qué entonces los siguen amenazando, intimidando e incluso asesinando con total impunidad? 

Estrategia de desestabilización

Son muchos los líderes sociales que consideran que amenazar a las personas que se dedican a defender los derechos humanos hace parte de una estrategia de desestabilización que suele aparecer en el país cuando se pone en la agenda pública el tema de la paz.

Para la Corporación Nuevo Arco Iris, extrañamente esta nueva ola de amenazas ocurre en un contexto de polarización del país por los avances en el proceso de negociación de La Habana. “Para nosotros no hay duda que los sectores de extrema derecha aliados del paramilitarismo y de agentes de las Fuerzas Armadas enemigos del final del conflicto armado en Colombia están detrás de esta estrategia criminal. Los nombres de Los Rastrojos o Águilas Negras son utilizados simplemente para esconder la voluntad de lo que antes se llamó “los enemigos agazapados de la Paz” o “la mano negra”, expertos en utilizar todos  los recursos legales e ilegales contra la esperanza nacional de un acuerdo negociado para poner fin a medio siglo de guerra entre los colombianos”, señala el comunicado publico realizado por esta organización tras recibir las amenazas.

Especialmente delicada es también la situación que sufren los llamados reclamantes de tierras en un momento donde la restitución de las mismas, usurpadas a las personas durante el conflicto, cobra mucha relevancia. “Se habla que más de seis millones de hectáreas fueron usurpadas de manera ilegal y prácticamente no hay ni un cinco por ciento de títulos que hayan sido entregados al fondo de reparaciones. Muchas de esas tierras han pasado a manos de testaferros y algunas fueron compradas de manera legal, lo cual no significa que no se ejercieran mecanismos de presión en contra de la persona que “vendía”. Ya se han conocido bastantes casos de personas, líderes y lideresas, que han hecho sus reclamaciones y han sido asesinados después por este tema de la restitución y por el gran interés que suscitan”, me explica María Avendaño, abogada de la Fundación Infancia Féliz en Valledupar y que conoce muy bien la situación al respecto en La Guajira y los Montes de María.

Ante la vulnerabilidad de los activistas de derechos humanos, organizaciones como Human Rights o Amnistia internacional llevan tiempo denunciando que el gobierno no hace lo suficiente para protegerlos ni investigar los ataques que sufren. El 90 por ciento de los casos de agresiones a defensores quedan en la impunidad.

Los grupos paramilitares actúan como auténticas mafias y siguen ostentando mucho poder en el país. Foto: Javier Sulé

Los grupos paramilitares actúan como auténticas mafias y siguen ostentando mucho poder en el país. Foto: Javier Sulé

Detrás de todas estas amenazas, agresiones y asesinatos suelen estar los grupos paramilitares y durante mucho tiempo también los servicios de inteligencia del Estado. Para la abogada defensora María Avendaño el trasfondo de todo tiene mucho que ver con la presencia de empresas multinacionales y con sus intereses en ciertos territorios para la explotación de los recursos naturales generando el desplazamiento forzado de infinidad de comunidades. “Los paramilitares pusieron al mismo aparato estatal a su servicio. El poder político que adquirieron estos grupos alzados en armas se convirtió en una forma de garantizar la permanencia de las multinacionales”, me afirma María.

Otro tema de preocupación recurrente entre los defensores de derechos humanos es el tema de las judicializaciones indiscriminadas e infundadas que aseguran haber sufrido. “Muchos de los líderes que reivindican derechos de población desplazada y de víctimas del conflicto en general  se encontraron con un escenario hostil de amenazas de muerte o avisos para que se fuesen de la región. En un segundo momento, si ese líder se mantenía en el terreno al frente de su comunidad, le vino la judicialización. A muchos los capturaron, los detuvieron, aparecían en los medios como peligrosos delincuentes, judicializados como colaboradores de la insurgencia o directamente acusados de ser guerrilleros. Gracias a la labor de los abogados que realizan acompañamiento, en muchos casos se logró sacarlos de esa situación, pero cuando no los podían condenar ni judicializar podían acabar siendo asesinados”, me argumenta Juan Camilo Acevedo, de la Corporación Reiniciar.

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