“Las víctimas necesitan una explicación del por qué les sucedió lo que les sucedió”

Maira Rincón, defensora de derechos humanos. Foto: Javier Sulé

Maira Rincón, defensora de derechos humanos. Foto: Javier Sulé

El conflicto armado en Colombia, en el que han participado paramilitares, guerrillas, agentes del Estado y narcotraficantes, ha dejado más de seis millones de víctimas. Maira Rincón es defensora de derechos humanos y conoce bien esta realidad en los departamentos caribeños del César y La Guajira donde trabaja con la Fundación Infancia Feliz. Retomo esta entrevista realizada hace un tiempo a esta abogada que ha tenido que enfrentar los estragos causados por el paramilitarismo en la región del Caribe y la impotencia ante la ausencia de justicia y los escasos resultados en la reparación a las víctimas.

El conflicto armado en Colombia es probablemente junto al de  la Alemania nazi uno de los que más víctimas ha generado en la historia. ¿Será posible reparar a tantísimas personas? 

 Debemos ser conscientes que es muy probable que muchísimas de esas víctimas no logren obtener lo que están buscando. En el caso de los paramilitares nunca hubo voluntad de reparar a las víctimas, no sólo en términos económicos, sino también de garantizar que esos hechos no se vayan a volver a repetir, de pedir un perdón real por sus actos y de explicar cuáles fueron los verdaderos motivos por los que cometieron los crímenes. Ahora además tenemos las mal llamadas bandas emergentes o BACRIM que se enmascaran como bandas criminales surgidas con posterioridad a la desmovilización de los paramilitares y que en realidad son los mismos paramilitares y las mismas estructuras con algunas estrategias de guerra distintas y con un actuar delictivo distinto. Así las cosas, para una víctima que se encuentra todavía en el territorio y tiene que convivir con sus victimarios es muy difícil que pueda hacer ejercicio de sus derechos, especialmente sino están fortalecidos ni acompañados por una organización social.

 ¿La ley de Justicia y paz que se aprobó en 2005 al amparo de las desmovilizaciones de los grupos paramilitares ha servido para algo?

 Si hablo por mi experiencia, en los casos que he llevado en el marco de la citada Ley, la lentitud de los procesos y la escasez de resultados favorables a las víctimas es evidente. No ha habido una voluntad política para que las víctimas obtengan los derechos que la ley promulga; el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación. Verdad no ha habido por la sencilla razón que los mismos paramilitares desmovilizados y postulados a la ley han tramado unas estrategias para ocultar que fue lo que realmente pasó, cuáles fueron las motivaciones y qué fue lo que dio origen a este conflicto. Muchas víctimas ni tuvieron acceso a la justicia porque fueron amenazadas e incluso asesinadas, especialmente aquellas personas reclamantes de tierras.

 ¿La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras pinta diferente?

 La ley de víctimas es una conquista pero tiene también cosas que no nos gustan como por ejemplo que las víctimas que se quieran acoger a la ley tengan que renunciar de forma expresa a ejercer cualquier acción contra un Estado que sabemos que participó por activa o por pasiva en muchos hechos del conflicto. En cuanto al tema de la restitución de tierras no soy muy optimista. Hay millones de hectáreas que fueron usurpadas de manera ilegal y es muy poco lo que ha sido entregado al fondo de reparaciones. Muchas de esas tierras han pasado a manos de testaferros y algunas son compras válidas sobre el papel pero que fueron conseguidas con mecanismos de presión y de extorsión. Por eso el tema de restitución no es nada sencillo. Son muchos líderes y lideresas que hicieron sus reclamaciones y fueron después asesinados. Se trata de tierras usurpadas que tienen un gran valor estratégico y económico para los grupos armados con lo cual ellos no se van a deshacer fácilmente de eso.

Maira Rincón, defensora de derechos humanos. Foto: Javier Sulé

Maira Rincón, defensora de derechos humanos. Foto: Javier Sulé

 Ante tanta complejidad, tantas dificultades y con un universo tan grande de víctimas, a qué se  debe aspirar entonces…

 Aspiramos a que las víctimas logren asumirse como sujetos y sujetas de derechos, que logren superar esa condición de víctima. Hacerles entender que una persona que ha sido víctima de una afectación no la convierte en una víctima para toda su vida, que es una situación transitoria que debe superar en lo emocional, en lo físico y en lo económico. Sabemos que se produjo  una ruptura del proyecto de vida y lo que debemos hacer es dotarles de los instrumentos para que ellas logren encontrar o retomar su proyecto de vida, dejar capacidades instaladas en los territorios para que asuman de nuevo ese proyecto de vida a nivel individual y colectivo. Hay que conseguir que las comunidades se organicen, no solo para la exigibilidad de derechos sino para implicar definitivamente al Estado en la construcción de unas políticas públicas más favorables para las comunidades afectadas. Debemos lograr una gran movilización social y tener  organizaciones sociales fuertes porque hemos visto que las comunidades que más han conseguido resistir han sido aquellas que mejor organizadas estaban y mayor base social tenían.

 ¿Y la reconciliación?

 Creemos en la reconciliación porque finalmente tenemos que convivir con ellos, con los victimarios. Es algo contra lo cual no podemos luchar, una realidad innegable. Sin embargo, para poder llegar a la reconciliación es indispensable que exista por lo menos un proceso de verdad y un proceso de justicia. Por mi experiencia y relación con mujeres que han sido víctimas del conflicto armado, muchas de ellas manifiestan que ni siquiera les interesa el hecho de si van a ser castigados o no quienes cometieron el crimen. Lo que sí necesitan es una explicación del por qué les sucedió lo que les sucedió, cuáles fueron las motivaciones. Y esa sola explicación puede resultar muy reparadora, pero eso, ya sea en el proceso de Justicia y Paz o en la justicia ordinaria no se está dando. La gente no está obteniendo la verdad y cuando fueron a las versiones  libres ofrecidas por los paramilitares desmovilizados acogidos a la Ley de Justicia y Paz era insultante la manera como trataban a las víctimas.

 Con excepciones, la justicia suele ser la gran sacrificada de los procesos de paz. ¿Condenas a 40 años como la que se le dio al jefe paramilitar Salvatore Mancuso  reconfortan?

 Creo que el tema de si le caen 30 o 40 años no es tan relevante. Para nosotros sería un triunfo de la justicia si además de la privación de la libertad de los actores implicados se dieran otras garantías para las víctimas, si estos tuvieran la obligación de reconstruir lo dañado. Lastimosamente no es así. Sabemos que los actos de esos paramilitares truncaron proyectos de vida, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Reconstruir  todo ese tejido social que se vio afectado sería lo deseable. El hecho de estar encerrados no significa además que hayan perdido su poder, sus tentáculos siguen haciendo daño a la población.

 Saber la verdad implicaría también que se conociera el alcance real de la connivencia entre los paramilitares y el Estado…

 Sí porque inicialmente se pensó que los grupos paramilitares de autodefensas surgieron como una forma de reacción frente a la guerrilla, pero con el tiempo se ha visto que tiene más que ver con defender la presencia de empresas multinacionales en territorios donde éstas tenían un interés directo en la tierra como pudiera ser la explotación de hidrocarburos. En ese orden de ideas pusieron al mismo aparato estatal a su favor para obtener concesiones y el Estado se alió con los grupos para desplazar a las personas que no estaban interesadas en ceder sus territorios. El poder político que adquirieron los grupos alzados en armas se convirtió en una forma de garantizar la permanencia de estas multinacionales. Y lo preocupante de todo esto es que esas estructuras se enquistaron tan fuertemente en la sociedad que la gente lo empezó a ver como un mal necesario.

Maira Rincón, defensora de derechos humanos. Foto: Javier Sulé

Maira Rincón, defensora de derechos humanos. Foto: Javier Sulé

 Tienes la sensación que el conflicto armado colombiano se simplificó a una simple cuestión de buenos y malos, el Estado y la guerrilla.

 Mirar el conflicto de una forma tan simplista es irresponsable. No es un conflicto en el que hay uno o dos actores, son varios actores porque hay muchos intereses, muchas ramificaciones. Desde hace mucho tiempo el conflicto en nuestro país ha sido por la tierra. Anteriormente la vocación era porque las tierras eran aptas para la ganadería o eran aptas para el cultivo. Pero hoy en día la vocación ha cambiado porque la mirada está puesta en el tema extractivista con la explotación de hidrocarburos y minería. Y eso genera y generará otros conflictos de impacto ambiental gravísimos, no sólo para la salud pública sino también en todo lo que tiene que ver con las afectaciones en el ámbito cultural de las comunidades que se encuentran allí asentadas y que generalmente son comunidades ancestrales.

 Entre las víctimas de este conflicto, quizás las más invisibilizadas sean las víctimas de violencia sexual con las que tú también has trabajado ¿Cómo se debería abordar esta situación?

 La violencia sexual se utilizó como una estrategia para humillar a los hombres de la comunidad haciendo uso del cuerpo de las mujeres. En muchos casos  hasta obligaban a los padres a tener relaciones sexuales con sus hijas. Es un tema del que se habla muy poco en el marco del conflicto porque existe como una carga de culpabilidad en la propia víctima que ella misma se autoatribuye en cuanto a su forma de vestir, a la manera de actuar o al solo hecho de que por ser mujer pueda provocar el ataque. También hay un tabú y un rechazo en la propia comunidad hacia la mujer que ha sido abusada sexualmente. En este contexto, las mujeres no denuncian porque es algo que les resulta muy vergonzoso y el hecho que no haya denuncias lo hace más complicado. Para nosotras es un reto jurídico porque, aunque se sepa, es difícil de probar con argumentos válidos que se trató de crímenes sistemáticos y generalizados, que respondían a unas directrices de las organizaciones armadas y que fueron utilizados como estrategia de guerra para facilitar su posición dentro de un territorio o las mujeres se convertían en el premio.

 ¿Las mujeres que denuncian quieren llegar al final o muchas veces se quedan por el camino y se derrumban?

 Pasa algo curioso y es que resulta que a veces las organizaciones sociales en su afán de mostrar casos se olvidan que una víctima de violencia sexual, a diferencia de otros casos, requiere una mayor preparación. Cuando una mujer víctima ha de comparecer  debe hacerse un trabajo psicológico previo con ella muy bueno para que tenga el valor de sentarse allí. De lo contrario puede ser muy traumático y revictimizante. Muchas veces las organizaciones llevan a las mujeres sin una preparación previa y lo que se supone que debería ser un proceso reparador termina siendo peor porque sometemos a la mujer al estrés de revivir toda la situación.

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