Soraya Gutiérrez: “Quisieron neutralizarnos con acciones de guerra psicológica”

Soraya Gutiérrez, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Foto: Javier Sulé

Soraya Gutiérrez sabe por experiencia propia los riesgos de ser defensora de derechos humanos en Colombia. Sin embargo, lo asumió como un compromiso de vida y lleva ya 19 años como abogada en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), una organización referente en el país en esa materia. Aprendió a manejar el estrés y el miedo ante las amenazas, pero reconoce que flaqueó cuando esas amenazas tocaron directamente a su hija. Fue el día que recibió un paquete en su casa con una muñeca descuartizada y un mensaje que decía: usted tiene una familia muy linda, no la sacrifiqué. Este es el testimonio de una mujer valiente y comprometida con las víctimas del conflicto armado que revela la inhumanidad de la guerra y las cloacas del terrorismo de Estado.  

Masacres paramilitares, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de líderes sociales y políticos… Son muchos los casos que han pasado y pasan por las manos de los abogados del Colectivo. También cientos los victimarios a los que se han enfrentado por realizar actos que cuesta imaginar siquiera. Y a pesar de la impunidad generalizada reinante en Colombia, consiguieron esclarecer y destapar muchos casos con sanciones ejemplarizantes que afectaron incluso al propio Estado. Soraya Gutiérrez es de esas personas por las que se llega a sentir verdadera admiración.

 “Durante los 20 años de existencia del Colectivo de Abogados hemos sido blanco de constantes amenazas. Muchos compañeros tuvieron que exiliarse para proteger sus vidas. En mi caso personal hubo dos hechos que me marcaron como mujer y defensora de derechos humanos. El primero sucedió en el 2003.  Habíamos solicitado medidas cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (OEA) gracias a las cuales conseguimos que el Estado nos blindara la casa y el coche.

 Un día cuando regresaba a casa un carro se me atravesó en la vía. Bajaron varios hombres con sus ametralladoras. Pensé que se trataba de delincuencia común y no sabía si el carro podía resistir el ametrallamiento. Decidí salir corriendo y conseguí llegar a mi casa muy nerviosa. Durante los días siguientes recibí llamadas amenazantes y realizaron seguimientos a la ruta escolar de mi hija que tenía solo cuatro años de edad.

Soraya Gutiérrez en el despacho del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Foto: Javier Sulé

 El otro caso ocurrió cuando recibí un paquete envuelto en papel de regalo. Sospeché y llamé a la policía. En el interior había una muñeca totalmente descuartizada, quemada con una cruz en el pecho y con un mensaje que decía: usted tiene una familia muy linda, no la sacrifique. Fue una situación angustiosa porque ya fue una forma de aterrorizar distinta que tocaba a tu familia, a tus hijos. Entré en un estado de pánico.

 Pensé que no sería capaz de quedarme en Colombia, pero a su vez no me veía capaz de asumir la condición de exiliada. Sin embargo, llegó un momento que tuve que salir del país. Lo hice por un mes, lo suficiente para tomar aire y regresar, pero tuve que abandonar mi casa e ir a vivir durante un tiempo donde unos familiares. Para la niña fue traumático. Mi hija tiene ahora 13 años y todavía tengo que llevarla a todas partes porque me da temor a que vaya sola.

 Terrorismo de Estado

 Hoy vinimos a descubrir que los responsables de todas aquellas amenazas que recibimos fueron funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) con toda una campaña orquestada desde los servicios de inteligencia del Estado contra las organizaciones de derechos humanos, especialmente contra el CAJAR.  Quisieron neutralizarnos con acciones de guerra psicológica, siguiendo a todos los miembros del Colectivo para averiguar quiénes eran sus hijos, sus familiares, dónde vivían, qué hacían, cómo se comunicaban, qué pensaban ideológicamente… y a partir de ahí diseñar toda una estrategia de terrorismo de estado.

 Siento rabia de saber que el principal organismo de seguridad del Estado adscrito a la seguridad de la República hizo todo eso, que los recursos del Estado fuesen utilizados para ejecutar toda una operación destinada a acabar con las organizaciones de defensa de los derechos humanos empleando los más bajos y viles mecanismos de persecución.

Soraya Gutiérrez, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Foto: Javier Sulé

 Las investigaciones de estos casos frente a los altos mandos implicados llevan su curso, aunque la Fiscalía solo les acusa de concierto para delinquir y para nosotros no es suficiente. Allí hubo actos no sólo de interceptaciones, sino de tortura psicológica. Queremos llegar hasta el fondo y que todos paguen, desde los funcionarios de bajo rango que ejecutaron las acciones hasta quienes dieron las órdenes. Y eso tiene que implicar al máximo responsable del país, que era en ese momento el presidente Uribe porque sabemos que existen pruebas dentro de expedientes penales que lo vinculan a él.

 Después de todo lo que pasó renunciamos al esquema de protección del Estado. El CAJAR siempre ha tenido el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) que para nosotros ha sido muy importante porque nos permite ir a las regiones y que estas situaciones de amenazas y de agresiones contra el colectivo sean investigadas y sancionadas, que existan pronunciamientos públicos con relación al tema de la legitimidad de los defensores y defensoras.

 Frente a los victimarios

 Me he tenido que enfrentar a muchos victimarios, personas que han cometido crímenes  que cuesta imaginar siquiera. Por el solo hecho de ser mujer es difícil enfrentarse en unos escenarios donde la mayoría de los responsables son hombres, vinculados al ejército y a estructuras paramilitares. Y todos ellos fueron formados de una forma en la que todo lo que pueda ser alternativo, todo lo que pueda sonar a defensa de derechos o a oposición política lo consideran el enemigo. Sientes una gran decepción cuando ves a esos hombres, ni siquiera arrepentidos y totalmente convencidos de lo que han hecho.

 Recuerdo por ejemplo el testimonio de un paramilitar que durante muchos días no me dejó dormir. En su declaración contó cómo se había vinculado a las estructuras paramilitares. Decía que estaba prestando el servicio militar en el ejército en Cali cuando a raíz de una determinada situación interna un comandante le dijo: usted es el hombre que yo necesito para hacer una operación especial. Lo sacaron del Ejército, se lo llevaron y empezó a formar  parte de un bloque paramilitar.

 Lo más terrible del testimonio fue cuando contaba que lo llevaban a entrenar y el entrenamiento consistía en matar a los indigentes de la ciudad de Cali que llevaban de forma expresa al lugar. Dijo que podía haber matado como a 30. Se trataba de ver quien mataba más rápido con cuchillo para después medir el tiempo que tardaba cada indigente en morir. Por cada muerto, según el tiempo, les daban un puntaje. Añadió que había visto uno con la cabeza desmembrada y mencionó también el tiempo que tardo en morir.  Lo contó con una frialdad estremecedora.

 Y cuando una tiene que enfrentarse con militares responsables de ejecuciones extrajudiciales y lo explican con esa frialdad, una se pregunta  hasta dónde puede llegar la condición humana. Han sido muchos los relatos y los casos que hemos tenido que enfrentar duros, muy duros, terribles.

 Por eso, realmente, cuando estás del lado de las víctimas lo que reclamas es justicia. Todo camina y muchos procesos se mantienen vivos, pero van muy lentos. Sabemos que una justicia es efectiva cuando no tarda, y aquí en Colombia a veces tenemos que esperar 20 años para que se haga justicia como en el caso de la toma del  Palacio del Justicia.