Defensores, mártires del conflicto (I)

Dos jóvenes de Brigadas internacionales de Paz encargadas de acompañar y dar protección a las comunidades. Foto: Javier Sulé

Dos jóvenes de Brigadas Internacionales de Paz, una organización que acompaña y da protección a comunidades y a sus líderes sociales. Foto: Javier Sulé

En medio del conflicto armado colombiano, reivindicar y defender los derechos de las víctimas se convirtió en una actividad de alto riesgo que puso a los defensores y defensoras de derechos humanos en el punto de mira del poder político y militar, de los grupos paramilitares y de multinacionales con grandes intereses económicos en el país.  Más de 200 personas de este colectivo han sido asesinadas en los últimos cuatro años en Colombia. Hoy, su situación sigue siendo crítica, especialmente para los reclamantes de tierras.

Recuerdo que la primera vez que entrevisté a un defensor de derechos humanos (DDHH) en Colombia quedé con él en un café del centro de Bogotá. Era un sindicalista y llegó en un coche blindado en compañía de un guardaespaldas armado. Cuando nos sentamos me dijo: ‘deja que me siente de frente que por lo menos así veo quien me va a disparar’.

 Son las paradojas del Estado Colombiano que por un lado puede llegar a facilitar escoltas, carros blindados y chalecos antibalas a los defensores y defensoras, pero por otro podía tener la costumbre de señalarlos como enemigos del país e instrumentos de la guerrilla para minar así la credibilidad de su trabajo frente a la opinión pública. Los defensores en Colombia suelen estar bastante desamparados.

“No somos héroes ni heroínas, somos seres humanos que decidimos asumir el reto de estar al lado de las víctimas y construir un país distinto con los riesgos que esto implica. Nos hemos mantenido con muchas dificultades, tristezas y soledades, trabajando con cierto pesimismo a pesar de haber obtenido algunas victorias en la lucha contra la impunidad. Y es que existe mucha indiferencia en la sociedad colombiana hacia las víctimas”, me dice Soraya Gutiérrez del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Los defensores y defensoras de derechos humanos han convivido con el dolor de las víctimas del conflicto armado. FOTO: Javier Sulé

Los defensores y defensoras de derechos humanos han convivido con el dolor de las víctimas del conflicto armado. FOTO: Javier Sulé

De forma parecida piensa Claudia Mejía Duque, directora de Sisma Mujer, para quien la estigmatización que sufren los defensores y defensoras de DDHH en Colombia va casi siempre ligada a su labor: “Es duro trabajar por las víctimas y que encima te maltraten desde las instituciones. La estigmatización a los defensores y el menosprecio que la sociedad tiene en general hacia nosotros y nosotras se contrapone curiosamente a lo que se siente aquí por los soldados del Ejército, considerados héroes, dando por hecho la legitimidad de la guerra”.

Los duros años de la era Uribe

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez la situación para los defensores y defensoras de derechos humanos fue especialmente dura. El expresidente les declaró la guerra de forma frontal para tratar de desacreditar a sus organizaciones. No fueron una ni dos, sino muchas veces las que el ex presidente y actual senador acusó y vinculó de forma enfática  a numerosos defensores de derechos humanos con sus nombres y apellidos de ser guerrilleros. Una declaración que en Colombia puede equivaler a una sentencia de muerte. Fueron señalamientos que generaron amenazas por parte de grupos paramilitares y obligaron a muchos de estos defensores a exiliarse en el extranjero para proteger sus vidas.

En su etapa de presidente Álvaro Úribe señalaba permanentemente a los defensores y defensoras como aliados de la guerrilla. FOTO: Javier Sulé

En su etapa de presidente Álvaro Úribe señalaba permanentemente a los defensores y defensoras como aliados de la guerrilla. FOTO: Javier Sulé

“Más allá de las agresiones físicas concretas que tienen que ver con amenazas directas o robo de información, había un elemento todavía más preocupante y era que el ejecutivo en cabeza del presidente de la República había decidido iniciar una campaña de deslegitimación y ataque a los defensores. Son muchos los muertos en Colombia fruto de informes malintencionados de reinsertados o de testigos sin credibilidad, a los que se paga para que señalen a personas de estar vinculadas con la guerrilla”, me dice Juan Camilo Acevedo, de la Corporación Reiniciar.

 Monitorizados y vigilados

 Durante la etapa de Uribe, algunas estructuras del Estado como los servicios de inteligencia (DAS) fueron utilizados no solo para monitorizar y vigilar a organizaciones de derechos humanos, a periodistas o a jueces, entre otros, sino también para concretar atentados y crímenes contra personas consideradas incómodas. “En este país estuvimos durante 8 años a expensas de una banda de criminales porque eso fue el DAS, una banda de criminales. No sólo eran las chuzadas (escuchas) que ya son graves, sino métodos de control extremos. Un plan criminal en toda regla”, me explica Juan Camilo.

 Recibir un mensaje de texto amenazante con términos vulgares, una llamada de teléfono a las 11 de la noche diciendo márchese hijue puta porque lo vamos a matar o abrir un paquete de correos y encontrarse con una muñeca descuartizada y una nota diciendo: tiene usted una familia preciosa, no la sacrifique, son situaciones por las que han pasado infinidad de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. O en el peor de los casos fueron víctimas de un atentado o de un disparo de gracia.

 A diferencia de Uribe, el actual presidente Juan Manuel Santos tiene otro talante más dialogante y un discurso más conciliador, pero curiosamente y a pesar de haber liquidado también el DAS, la situación para los defensores no mejoró. Las amenazas aumentaron y el número de asesinatos sigue siendo muy alto.

La organización colombiana Somos Defensores señala que en el último semestre hubo un incremento del 145 por ciento de las agresiones a defensores, incluyendo amenazas, robo de información, judicializaciones, hostigamientos y seguimientos. En este mismo periodo fueron 15 los asesinatos de defensores lo que eleva a unos 40 el total de líderes sociales asesinados en lo corrido del año. Hace pocas semanas, en un solo día, el grupo neoparamilitar Aguilas Negras declararon “objetivo militar” a 91 defensores. El 2013 fue también un año nefasto en el que 78 defensores de derechos humanos fueron asesinados, 39 sufrieron atentados y más de 200 fueron amenazados. Los homicidios pasan ya de 200 en los últimos cuatro años.

“Creo que el gobierno Santos ha sido mucho más audaz en el manejo de todo un discurso de derechos humanos ante la comunidad internacional en tanto trató de separarse del gobierno anterior y de todo lo que habían sido los ataques contra las organizaciones, las estigmatizaciones y la persecución. Sin embargo, nosotros sí sentimos que la situación sigue siendo grave y los ataques contra  los defensores y defensoras persisten, aunque puedan tener otras formas mucho más sutiles. La presencia por toda Colombia de estructuras paramilitares que siguen perpetrando crímenes y teniendo las riendas del país es un hecho” , me recalca Soraya Gutíérrez.

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