Comunidad de paz de San José de Apartadó, resistencia y dignidad contra la guerra

Mujeres de la comunidad de paz de san José jugando fútbol un domingo. Foto: Javier Sulé

Mujeres de la comunidad de paz de san José jugando fútbol un domingo. Foto: Javier Sulé

La región del Urabá antioqueño no sólo se conoce por el banano y por la violencia de la guerra, también por las formas de resistencia creadas por los propios campesinos para vivir en medio de un conflicto armado y no tener que abandonar sus tierras. La llamada Comunidad de Paz de San José de Apartadó, con el apoyo de algunos sectores de la Iglesia y el acompañamiento internacional, se convirtió en uno de esos símbolos de resistencia contra la guerra. Esta es su historia a las puertas de cumplir sus 18 años de edad

Las miles y miles de hectáreas sembradas de plátano y banano en la región del Urabá, esquina noroccidental de Colombia, en el límite con Panamá, se ven como un mar tranquilo de color verde intenso. Gracias al banano, esta región del departamento de Antioquia es una zona relativamente próspera pero también durante años una de las más violentas del país.

Además de ser un importante corredor estratégico, ha sido históricamente una zona de influencia guerrillera. La guerra y los intereses económicos de las multinacionales formaron aquí un cocktail explosivo de trágicas consecuencias para la población civil. La antigua United Fruit Company, hoy Chiquita Brands, llegó a financiar incluso a grupos paramilitares para provocar el desplazamiento de miles de campesinos y aprovecharse así de sus fértiles tierras. Su estrategia provocó miles de muertos.

Comunidad de paz de San José de Apartadó. Foto: Javier Sulé

Comunidad de paz de San José de Apartadó. Foto: Javier Sulé

La llamada Comunidad de Paz de San José de Apartadó, con el apoyo de algunos sectores de la Iglesia y el acompañamiento internacional, decidió plantar cara a esa situación y resistir, aunque acabó pagando un precio muy alto. La comunidad recuerda que ya son más de 200 los muertos que han puesto en este conflicto, víctimas de múltiples masacres y asesinatos selectivos cometidos por todos y cada uno de los actores armados del conflicto, incluida la guerrilla. Cada vez que la comunidad ha sido golpeada violentamente, un sentimiento de impotencia se ha adueñado de la misma.

La memoria de las de 200 personas de la comunidad de Paz han  asesinadas sigue viva. Foto: Javier Sulé

La memoria de las de 200 personas de la comunidad de Paz han asesinadas sigue viva. Foto: Javier Sulé

Por cada acto de barbarie sufrido, la respuesta de la comunidad siempre ha sido contundente. “Sabemos ya las respuestas y las explicaciones del gobierno y de la Fiscalía, dirán que somos guerrilleros, harán sus montajes, todo quedará en la impunidad y las víctimas serán colocadas como victimarios”, señalaba por ejemplo uno de los muchos comunicados públicos difundido por la comunidad tras algún hecho trágico. “Es siempre lo más indignante ver todo ese juego sucio del Estado, sus falsas acusaciones y mentiras que trata de involucrarnos y de hacer ver que somos algo que no somos vinculándonos a la guerrilla como forma de desvirtuar nuestra propuesta de paz. Y resulta más indignante todavía ver como los militares matan, los paramilitares matan y la justicia protege a los victimarios. Es una situación muy difícil” , dice Gildardo Tuberquia, miembro del Consejo de la comunidad.

200 muertos

Desde 1997, además de haber sido asesinados más de 200 de sus integrantes, las vejaciones y atropellos sufridos por la comunidad han sido continuos en forma de violaciones de mujeres, quema de casas y cosechas, desalojo de tierras, torturas, amenazas, robos o bloqueos alimentarios. A pesar de todo, el proceso está a punto de cumplir su mayoría de edad.

Campesinos Comunidad de paz de San José de Apartadó transportando la yuca cosechada. Foto: Javier Sulé

Campesinos Comunidad de paz de San José de Apartadó transportando la yuca cosechada. Foto: Javier Sulé

Fue hace 18 años cuando cerca de 400 campesinos decidieron organizarse para sacar la guerra de su territorio, para no colaborar con ningún actor armado– léase guerrillero, paramilitar o militar- y para adelantar un proceso de neutralidad respecto del conflicto. La comunidad de paz se gestó en 1996 en plena expansión del paramilitarismo en el Urabá antioqueño y como reacción a dos masacres perpetradas por una facción paramilitar. Este hecho intensificó el desplazamiento no voluntario de familias hacia otros territorios.

Ante esta situación, con la mediación del obispo de la Diócesis de Apartado, Monseñor Isaías Duarte Cancino, que sería asesinado en marzo de 2002 en la ciudad de Cali, se decidieron crear espacios neutrales donde se garantizara el respeto a la vida e integridad de la población civil. La Diócesis e instituciones como Justicia y Paz (de la conferencia de Religiosos de Colombia) y el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) apoyaron decididamente la iniciativa final de los campesinos y campesinas de San José que se declararon como comunidad de paz el 23 de marzo de 1997 con el firme propósito de mantenerse unidos para no ser desterrados de su tierra y la convicción de no apoyar a ningún actor armado. 

De esta forma se pensó que no se desalojaría a la gente de sus veredas y sería más fácil exigir respeto para sus vidas, productos, posesiones y viviendas. Pero no pasaron cinco días de la proclamación como comunidad de paz que se inició una nueva ofensiva militar y paramilitar contra la guerrilla de la zona, apoyada con fuego aéreo, que provocó muchos desplazados y órdenes para que la gente dejase sus veredas.

De San José a San Josesito

A raíz de los hechos, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz les ofreció acompañamiento permanente y propuso a la gente desplazada habitar el pequeño pueblo de San José de Apartadó que permanecía semiabandonado por un desplazamiento anterior. La llegada a San José dicen fue triste y desoladora, pero desde aquí empezaron a resistir y a poner en marcha estrategias de retorno a las aldeas abandonadas. Las amenazas y las dificultades fueron muchas. Los bloqueos económicos impuestos por parte de retenes paramilitares y militares impedían el acceso de alimentación y transporte a la comunidad provocando situaciones de hambre y aislamiento.

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La comunidad de paz no sólo consiguió resistir sino que enriqueció su propuesta de construcción de paz, identificó sus símbolos, creo su propio modelo organizativo, fortaleció las prácticas de resistencia civil, desarrolló mecanismos de economía solidaria, generó un proyecto económico de comercialización de diferentes productos orgánicos y publicó un reglamento interno donde, entre otras cosas, no se permite vender ni consumir alcohol. Paralelamente ponía en marcha otras iniciativas como acoger a nuevas familias desplazadas para facilitar su retorno apenas fuese posible, trabajar en la prevención por la no vinculación de niños y jóvenes a los grupos armados, tutelar a viudas y huérfanos o mantener viva la memoria de los mártires.

Después de otra masacres, la policía se instaló en el pueblo de San José. La presencia policial les resultaba perturbadora, así que tomaron la decisión de abandonar la localidad. Sus principios de neutralidad les prohíbe vivir en el mismo espacio vital con cualquier actor armado para no convertirse automáticamente en objetivo militar del actor armado contrario. Unas 400 personas fueron así para la Holandita, una finca propiedad de la comunidad a 15 minutos de San José y a la que bautizaron como San Josesito. Construyeron un nuevo pueblo y trataron de fortalecer el retorno a las veredas abandonas.

En Colombia, un país en conflicto y espectacularmente militarizado, poca gente entendió esa posición de neutralidad. “Durante el gobierno de Álvaro Uribe, en esa guerra, o se estaba con el gobierno o contra él, no podía haber termino medio ni tampoco un milímetro de tierra donde no hubiera fuerza pública. La estigmatización fue grande. Querían hacer hacer creer al país y al mundo que la comunidad tenía vínculos con la insurgencia. Pocos sabían que la guerrilla nos atacó también más de 20 veces y nos asesinó a algunos líderes”, explica un campesino de la comunidad.

Diana Valderrama, otra líder de la comunidad, reflexionaba hace un tiempo que la justicia era la única esperanza para que algún día se reconozca la verdad y quede una constancia histórica del proceso de la comunidad. “Lo peor es la angustia de que no entiendan lo que queremos, que no nos dejen construir algo diferente a la guerra, la impotencia de no poder desarrollar nuestro proyecto de vida y que los niños y niñas no puedan jugar tranquilos”, decía. 

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