TCBUEN, negocios en medio de la barbarie de Buenaventura

Terminal portuaria de TCBUEN en Buenaventura. Foto: Javier Sulé

Terminal portuaria de TCBUEN en Buenaventura. Foto: Javier Sulé

Cómo es posible tanta violencia en Buenaventura. Qué hace una empresa catalana haciendo negocios en medio de tanta barbarie… Después de meses de intenso trabajo concluímos el informe para La Taula Catalana per Colòmbia sobre la cuestionable actuación de la empresa Grup Marítim Terminal de Contenidors de Barcelona (Grup TCB) en aquella ciudad colombiana del Pacífico desangrada por la violencia. El estudio de este caso fue presentado en el Parlament de Catalunya con la intención de reabrir el debate sobre la necesidad de ejercer mecanismos de control sobre las empresas trasnacionales que actúan en el exterior.

Serían las seis de la mañana cuando llegué a Buenaventura. Me recibió una ciudad gris bajo una ligera lluvia. El tránsito en aquellas horas era ya intenso, inmerso en un cuello de botella con decenas y decenas de trailers que iban y venían del puerto. Es esta la urbe portuaria más importante del Pacífico colombiano. El gobierno del país está decidido a convertirla en la punta de lanza de la economía nacional y en uno de los enclaves económicos más importantes de Latinoamérica aprovechando su proximidad al Canal de Panamá y una posición estratégica que la conecta con 17 países asiáticos, 19 del Pacífico Sur y 13 americanos. Recientemente fue nombrada capital de la Alianza del Pacífico. Dicen que por aquí pasa el 60 por ciento de las mercancías que entran y salen del país.

Trailers en dirección al puerto de Buenaventura. Foto Javier Sulé

Trailers en dirección al puerto de Buenaventura. Foto Javier Sulé

Pero mientras el puerto bonaverense crece para hacer de Colombia un país moderno y competitivo que juegue sus bazas en la economía global, la ciudad se ha ido degradando y sus condiciones de vida son una vergüenza. Los propios indicadores gubernamentales hablan de casi un 70 por ciento de la población que vive bajo la línea de pobreza, de un desempleo que alcanza el 40 por ciento, de una tasa de analfabetismo superior al promedio nacional y de un déficit cualitativo en vivienda cercano a las 30.000 unidades.

Buenaventura carece de todo. La prestación de servicios públicos esenciales en salud y educación son pésimos y siendo una región con una gran riqueza hídrica cuenta con un lamentable servicio de agua y alcantarillado, tanto en su cobertura como en la continuidad de la prestación del servicio. La prosperidad que se deriva de las actividades comerciales del puerto no se ha visto ni mucho menos reflejada en una mejor calidad de vida para la mayoría de los y las habitantes de Buenaventura.

La pobreza en Buenaventura contrasta con la riqueza del puerto. Foto: Javier Sulé

La pobreza en Buenaventura contrasta con la riqueza del puerto. Foto: Javier Sulé

‘Casas de pique’ y mil formas de violencia

Esta zona del Pacífico, que hasta hacía poco más de veinte años había vivido relativamente al margen del conflicto armado que azota Colombia, vio además como los proyectos de expansión portuaria iban acompañados de unos niveles violencia inimaginables. Según cifras oficiales, entre 1990 y 2014, un total de 152.837 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en la ciudad; se registraron 548 desapariciones y hubo 5.047 asesinatos, el 70 por ciento de los cuales se produjeron a partir del año 2000. Sólo el año pasado en Buenaventura, una ciudad de apenas 400000 habitantes, hubo 153 muertes violentas.

La sevicia y la tortura se consolidaron como formas de victimización, tanto así que la ciudad portuaria tomó trascendencia internacional por las llamadas casas de pique, lugares utilizados de forma sistemática por las bandas criminales paramilitares para descuartizar a sus víctimas y causar así un mayor terror entre la población de los barrios. La violencia sexual, la violencia física, las masacres, las amenazas, el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes o las extorsiones forman aquí un cuadro criminal que ha hecho de Buenaventura una de las ciudades más violentas del mundo.

Las organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos denuncian que la violencia ha jugado un papel determinante para poner en marcha los megaproyectos portuarios y ha sido utilizada para presionar a la población para que abandone el territorio sin compensación alguna, bajo amenazas de muerte, o forzar la venta a precios bajos para tomar su control o usufructuarlo inmediatamente con grandes beneficios económicos. Los barrios que han concentrado los conflictos más sangrientos han sido precisamente aquellos donde se han hecho o se harán los grandes proyectos de infraestructura portuaria o el nuevo “malecón”.

La irrupción de TCBUEN ocupó espacios comunitarios del barrio de la Inmaculada. Foto: Javier Sulé

La irrupción de TCBUEN ocupó espacios comunitarios del barrio de la Inmaculada. Foto: Javier Sulé

Algunos de estos barrios especialmente afectados por la violencia son los que conforman la Comuna 5 de Buenaventura. Aquí se instaló hace cuatro años la empresa portuaria TCBUEN, empresa filial del Grup Marítim Terminal de Contenedores de Barcelona (Grup TCB) con sede en la Ciudad Condal y que posee el 60 por ciento de las acciones. Otro 30 por ciento está en manos de la empresa GEPSA que dirige el influyente empresario local Óscar Isaza, relacionado en su momento con el narcotráfico y al que la policía acabó extrañamente exculpando y pidiéndole perdón por dichas acusaciones.

Grup TCB es el primer operador marítimo español de terminales portuarias y servicios de ingeniería y consultoría marítima para carga de contenedores y general. Es también uno de los de mayor proyección internacional. Cuenta ya con 11 terminales marítimas de carga y descarga de contenedores repartidas por todo el mundo, principalmente en España. La de Buenaventura mueve alrededor de una tercera parte del total de las mercancías que pasan por el puerto de esta ciudad del Pacífico. Según la propia empresa, en 2014 atendió 210 barcos. Su accionariado cuenta como socio mayoritario con el grupo Pérez y Cía, propietaria de la naviera Pérez y Cia, perteneciente a la aristocrática familia Pérez Maura y que posee el 41’9 del capital social. La británica Portobar Capital tiene el 38,6 y el fondo de inversión holandés Belami un 18’6 por ciento.

Informe demoledor

La Mesa Catalana por Colombia es una entidad que agrupa a más de 10 ONG’s que trabajan en Colombia. La semana pasada llevó el caso de TCBUEN ante el Parlament de Catalunya tras considerar que la inversión en Buenaventura se ha desarrollado en un contexto de grave violación de los derechos humanos, de violencia y de expulsión de las comunidades negras que ancestralmente habitaron los territoritorios que ocupa la empresa. Los parlamentarios conocieron el informe y escucharon además de primera mano los testimonios del Obispo de Buenaventura Héctor Epalza y del senador del Polo democrático Alexánder López lamentando la grave situación que vive la ciudad derivada de la expansión portuaria. “No estamos en contra de las inversiones extranjeras, pero sí que se hagan sobre la sangre y el dolor de miles de personas”, dijo el político colombiano. La empresa fue invitada a defenderse y dar explicaciones. No compareció.

El informe señala que la actividad de TCBUEN tiene unos graves impactos sociales y territoriales e hizo invivible la vida en los barrios de La Inmaculada y Santa Fe, adyacentes al proyecto. De entrada, la empresa no realizó la consulta previa pertinente con las comunidades que obliga la ley cuando los proyectos afectan a comunidades ancestrales, sean indígenas o afrodescendientes. El gobierno colombiano consideró que no daba lugar hacerla por tratarse de comunidades urbanas sin titulación colectiva de tierras, lo cual fue enmendado posteriormente por la Corte Constitucional que estableció el derecho de las comunidades negras a ser consultadas.

Un pescador frente a las gruas de la empresa TCBUEN. Foto: Javier Sulé

Un pescador frente a las gruas de la empresa TCBUEN. Foto: Javier Sulé

El informe constata que la comuna 5 donde se asienta TCBUEN ha sufrido la violencia muy duramente. Entre 2008 y 2010 hubo allí 46 asesinatos, incluido el de un vicepresidente de la Junta de Acción Comunal. Los desplazamientos de personas también han sido continuos y masivos. El clima de terror ha sido generalizado.

La líder comunitaria Rocío del Pilar Segura, vecina del barrio de La Inmaculada, estuvo también en Barcelona sosteniendo las denuncias contra la empresa. Ella vive a apenas 20 metros de la terminal de contendedores que un muro separa del barrio. Según Rocío, no pueden dormir porque el ruido generado por el movimiento de carga y descarga es insoportable, especialmente en las noches. Igualmente, las vibraciones están ocasionando grietas en las casas y la empresa vierte de forma irregular aguas residuales.

Casas del barrio de Santa Fe afectadas por la actividad de la empresa   TCBUEN. FOTO: Javier Sulé

Casas del barrio de Santa Fe afectadas por la actividad de TCBUEN. FOTO: Javier Sulé

Los vecinos y vecinas afectadas por la presencia de la empresa se quejan la pérdida de sus espacios comunitarios recreativos y de la inseguridad vial que provoca la llamada Vía Alterna Interna por donde a diario pasan centenares de trailers. El impacto de TCBUEN sobre el estero donde se asienta la comunidad y el ecosistema de manglar ha afectado también la actividad pesquera tradicional. Rocío del Pilar Segura asegura que la empresa prometió dar trabajo a mucha gente de la comunidad que luego no cumplió. Precisamente, el informe señala que TCBUEN no permite la actividad sindical y a los estibadores los engloba dentro de una categoría distinta para pagarles únicamente el salario mínimo.

El documento “Asedio a las comunidades”, los impactos de una empresa catalana, Grup TCB, en Buenaventura, Colombia, se dio a conocer también en el marco de unas jornadas que bajo el título Qué marca Barcelona? Inversiones catalanas en el exterior: el caso de Buenaventura en Colombia contó con la presencia del obispo de esa ciudad, Montseñor Héctor Epalza, del senador Alexánder López, de Leyla Andrea Arroyo, representante del Proceso de Comunidades Negras y del Comité Inter-Organizacional de Buenaventura y de Rocío del Pilar Segura- líder comunitaria del barrio de La Inmaculada en la Comuna 5, directamente afectado por el proyecto de TCBUEN. El informe completo en el que he podido colaborar junto a Maria Jesús Pinto y Tomás Gisbert lo podéis consultar completo en: http://www.taulacolombia.org/sites/default/files/informebuenaventura_int_act_0.pdf

25 años sin Carlos Pizarro

María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro. Foto: Javier Sulé

María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro. Foto: Javier Sulé

Hoy 26 de abril se cumple un cuarto de siglo del asesinato del que fue máximo comandante del Movimiento M19. Su hija María José Pizarro rememora y evoca la figura de este líder guerrillero colombiano que murió asesinado 45 días después de hacer dejación de armas y firmar la paz. Carlos Pizarro era ya candidato presidencial. Aquel día tomó un vuelo a Barranquilla. Ya dentro del avión un sicario le disparó a quemarropa con una metralleta. Su lucha por encontrar un camino de paz y democracia en el país se reivindica hoy más que nunca con el actual proceso de paz que el gobierno y las FARC siguen en La Habana.

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Las lecciones del M19

Brazalete del M19, el movimiento insurgente que se desmovilizó hace 25 años. Foto: Javier Sulé

Brazalete del M19, el movimiento insurgente que se desmovilizó hace 25 años. Foto: Javier Sulé

Que un un grupo guerrillero dejé las armas y defienda sus ideas por la vía política siempre es una buena noticia. El movimiento insurgente M19 lo hizo hace 25 años y escribió una página muy importante de la historia de Colombia. Su decisión de desmovilizarse y cambiar las balas por los votos deja además unos buenos aprendizajes para el actual proceso de paz con las FARC. Sigue leyendo

Comunidad de paz de San José de Apartadó, resistencia y dignidad contra la guerra

Mujeres de la comunidad de paz de san José jugando fútbol un domingo. Foto: Javier Sulé

Mujeres de la comunidad de paz de san José jugando fútbol un domingo. Foto: Javier Sulé

La región del Urabá antioqueño no sólo se conoce por el banano y por la violencia de la guerra, también por las formas de resistencia creadas por los propios campesinos para vivir en medio de un conflicto armado y no tener que abandonar sus tierras. La llamada Comunidad de Paz de San José de Apartadó, con el apoyo de algunos sectores de la Iglesia y el acompañamiento internacional, se convirtió en uno de esos símbolos de resistencia contra la guerra. Esta es su historia a las puertas de cumplir sus 18 años de edad Sigue leyendo

La masacre de San José de Apartadó en el recuerdo

La Masacre de San José de Apartadó terminó con la vida de 8 personas, entre ellas tres niños . Foto: Javier Sulé

La Masacre de San José de Apartadó terminó con la vida de 8 personas, entre ellas tres niños . Foto: Javier Sulé

Siete años después de haberla visitado por primera vez, regresé a la comunidad de Paz de San José de Apartadó. Lo hice para conmemorar un triste aniversario; los 10 años de la masacre que terminó con la vida de ocho miembros de esta comunidad, entre ellas tres niños asesinados con una crueldad extrema. La barbarie cometida por militares del Ejército colombiano con el apoyo de grupos paramilitares pretendía acabar con esta experiencia de resistencia a la guerra. No lo consiguieron. El mes próximo celebrarán su mayoría de edad, 18 años de vida como organización que no admite a ningún actor armado en su territorio. Sigue leyendo

“Parte de mi resistencia tiene que ver con lo que aprendí de las poblaciones afro e indígena”

Teresa Aristizábal, defensora de derechos humanos y miembro de la Ruta Pacífica de las Mujeres en Antioquia. Foto: Javier Sulé

Teresa Aristizábal, defensora de derechos humanos y miembro de la Ruta Pacífica. Foto: Javier Sulé

Teresa Aristizábal lleva 30 años involucrada como defensora de derechos humanos en el movimiento social de mujeres, 16 de ellos con la Ruta Pacífica. Ya sea en el Urabá, en el Putumayo, en Tumaco o en su propia región de Antioquia, se ha movido en territorios hostiles controlados por grupos paramilitares, siempre trabajando con poblaciones vulnerables y  acompañando a mujeres que han sufrido todo tipo de atropellos. Han sido muchos los sinsabores pero, aun así, dice sin fisuras que su trabajo vale la pena. Retomo esta entrevista realizada hace un tiempo para seguir poniendo en valor el trabajo que realizan cientos y de mujeres por la salvaguarda de los derechos humanos en Colombia. Sigue leyendo

“Las víctimas necesitan una explicación del por qué les sucedió lo que les sucedió”

Maira Rincón, defensora de derechos humanos. Foto: Javier Sulé

Maira Rincón, defensora de derechos humanos. Foto: Javier Sulé

El conflicto armado en Colombia, en el que han participado paramilitares, guerrillas, agentes del Estado y narcotraficantes, ha dejado más de seis millones de víctimas. Maira Rincón es defensora de derechos humanos y conoce bien esta realidad en los departamentos caribeños del César y La Guajira donde trabaja con la Fundación Infancia Feliz. Retomo esta entrevista realizada hace un tiempo a esta abogada que ha tenido que enfrentar los estragos causados por el paramilitarismo en la región del Caribe y la impotencia ante la ausencia de justicia y los escasos resultados en la reparación a las víctimas. Sigue leyendo

Los otros colombianos

Más de cinco millones de colombianos viven fuera de su país. Foto: Javier Sulé

Más de cinco millones de colombianos viven fuera de su país. Foto: Javier Sulé

Más de cinco millones de colombianos y colombianas viven fuera de su país. A muchísimos de ellos y ellas fue el conflicto armado el que les truncó su proyecto de vida y les indicó el camino de salida. Detrás, infinidad de historias que hablan de la inhumanidad de la guerra, de la soledad y el desarraigo, del olvido del Estado que les vio partir y de las duras condiciones de vida que tuvieron que afrontar como inmigrantes. Ahora, el exilio y la emigración colombiana, con presencia en lugares de todo el mundo, han empezado a organizarse. Lo han hecho alrededor del llamado Foro Internacional de Victimas desde donde hicieron ya oír su voz en las negociaciones de La Habana y quieren que, como víctimas también del conflicto armado, el Estado inicie procesos de memoria, reparación y retorno digno. Sigue leyendo

Doris Rivera: “Por miedo permitimos que el Ejército cometiera muchos abusos”

Doris Rivera, líder social de la Región del Meta. Foto: Javier Sulé

Doris Rivera, líder social de la Región del Meta. Foto: Javier Sulé

Ni las constantes amenazas ni la persecución, ni tan siquiera haber sufrido varios atentados han hecho desistir a esta reconocida líder social de su trabajo como defensora de derechos humanos en favor de las comunidades del Ariari, en el Meta. Para proteger su vida ha tenido que ir de un lugar a otro como desplazada y hasta vivir un tiempo refugiada en España. Es el coste de denunciar y visibilizar los atropellos que comete la fuerza pública contra la población civil en su región. Sigue leyendo

Ruta Pacífica, las caminantes de la paz

El movimiento de La Ruta Pacífica de las Mujeres recibió el Premio Nacional de Paz 2014. Foto Javier Sulé

La Ruta Pacífica de las Mujeres recibió el Premio Nacional de Paz 2014. Foto Javier Sulé

La Ruta Pacífica de las Mujeres recibió hace unos días el Premio Nacional de Paz en Colombia. Este movimiento formado por más de 400 organizaciones y 10000 mujeres ejemplifica mejor que nadie el significado del 25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género. Con ellas compartí tres grandes movilizaciones que nunca olvidaré y que ahora rememoro en esta crónica Sigue leyendo

Claudia Mejía: “Tener un perfil alto es la mejor manera de protegernos de las amenazas”

La defensora de derechos humanos Claudia Mejía, directora de Sisma Mujer. Foto: Javier Sulé,

La defensora de derechos humanos Claudia Mejía, directora de Sisma Mujer. Foto: Javier Sulé,

Ella es la directora de la reconocida organización feminista colombiana Sisma Mujer. Lleva 40 años tratando de construir un país sin violencias en el que se respeten los derechos de las mujeres. Asegura que en los últimos años muchas colombianas han sido capaces de empoderarse, reivindicar sus derechos y exigir reparaciones. Pero también admite, precisamente por ello, que la situación de riesgo que corren en Colombia los defensores y defensoras de derechos humanos podría ir a más en el futuro, particularmente para las mujeres que se dedican a esta labor. Sigue leyendo

Soraya Gutiérrez: “Quisieron neutralizarnos con acciones de guerra psicológica”

Soraya Gutiérrez, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Colombia. Foto: Javier Sulé

Soraya Gutiérrez, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Foto: Javier Sulé

Soraya Gutiérrez sabe por experiencia propia los riesgos de ser defensora de derechos humanos en Colombia. Sin embargo, lo asumió como un compromiso de vida y lleva ya 19 años como abogada en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), una organización referente en el país en esa materia. Aprendió a manejar el estrés y el miedo ante las amenazas, pero reconoce que flaqueó cuando esas amenazas tocaron directamente a su hija. Fue el día que recibió un paquete en su casa con una muñeca descuartizada y un mensaje que decía: usted tiene una familia muy linda, no la sacrifiqué. Este es el testimonio de una mujer valiente y comprometida con las víctimas del conflicto armado que revela la inhumanidad de la guerra y las cloacas del terrorismo de Estado.   Sigue leyendo

Defensores, mártires del conflicto (y II)

Los defensores y defensoras de derechos humanos tratan siempre de visibilizar la situación de la población civil afectada por el conflicto armado. Foto: Javier Sulé

Los defensores y defensoras tratan siempre de visibilizar la situación de vulneración de derechos humanos que vive Colombia. Foto: Javier Sulé

José Aristizábal estuvo 11 años exiliado en España. Hace apenas tres meses decidió regresar a Colombia con el deseo de contribuir en la construcción de una nación distinta ahora que el país afronta un momento histórico transitando un proceso de paz. Ayer, sin embargo, nos escribía desde Bogotá para decirnos que ha vuelto a ser amenazado de muerte junto a otros de sus compañeros. Nada parece así cambiar para los defensores de derechos humanos en Colombia que siguen estando permanentemente en el ojo del huracán.  Sigue leyendo

Defensores, mártires del conflicto (I)

Dos jóvenes de Brigadas internacionales de Paz encargadas de acompañar y dar protección a las comunidades. Foto: Javier Sulé

Dos jóvenes de Brigadas Internacionales de Paz, una organización que acompaña y da protección a comunidades y a sus líderes sociales. Foto: Javier Sulé

En medio del conflicto armado colombiano, reivindicar y defender los derechos de las víctimas se convirtió en una actividad de alto riesgo que puso a los defensores y defensoras de derechos humanos en el punto de mira del poder político y militar, de los grupos paramilitares y de multinacionales con grandes intereses económicos en el país.  Más de 200 personas de este colectivo han sido asesinadas en los últimos cuatro años en Colombia. Hoy, su situación sigue siendo crítica, especialmente para los reclamantes de tierras.

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“Entré en la guerrilla por ideales”

Cristina Santos, ex guerrillera de las FARC reinsertada. Foto: Javier Sulé

Cristina Santos, ex guerrillera de las FARC reinsertada. Foto: Javier Sulé

Inconformista y rebelde, Cristina Santos (nombre cambiado) entró en la guerrilla con 22 años y pasó año y medio en ella. Siempre se había sentido atraída por los ideales de la insurgencia, así que dejó a sus hijos con su madre y se incorporó a las filas de las FARC. Hoy, ya desmovilizada, no lo considera un error. Dice que fueron las circunstancias de la vida las que le llevaron allí y lo ve como una experiencia de la que aprendió. Esta es su historia relatada en primera persona. Sigue leyendo