TCBUEN, negocios en medio de la barbarie de Buenaventura

Terminal portuaria de TCBUEN en Buenaventura. Foto: Javier Sulé

Terminal portuaria de TCBUEN en Buenaventura. Foto: Javier Sulé

Cómo es posible tanta violencia en Buenaventura. Qué hace una empresa catalana haciendo negocios en medio de tanta barbarie… Después de meses de intenso trabajo concluímos el informe para La Taula Catalana per Colòmbia sobre la cuestionable actuación de la empresa Grup Marítim Terminal de Contenidors de Barcelona (Grup TCB) en aquella ciudad colombiana del Pacífico desangrada por la violencia. El estudio de este caso fue presentado en el Parlament de Catalunya con la intención de reabrir el debate sobre la necesidad de ejercer mecanismos de control sobre las empresas trasnacionales que actúan en el exterior.

Serían las seis de la mañana cuando llegué a Buenaventura. Me recibió una ciudad gris bajo una ligera lluvia. El tránsito en aquellas horas era ya intenso, inmerso en un cuello de botella con decenas y decenas de trailers que iban y venían del puerto. Es esta la urbe portuaria más importante del Pacífico colombiano. El gobierno del país está decidido a convertirla en la punta de lanza de la economía nacional y en uno de los enclaves económicos más importantes de Latinoamérica aprovechando su proximidad al Canal de Panamá y una posición estratégica que la conecta con 17 países asiáticos, 19 del Pacífico Sur y 13 americanos. Recientemente fue nombrada capital de la Alianza del Pacífico. Dicen que por aquí pasa el 60 por ciento de las mercancías que entran y salen del país.

Trailers en dirección al puerto de Buenaventura. Foto Javier Sulé

Trailers en dirección al puerto de Buenaventura. Foto Javier Sulé

Pero mientras el puerto bonaverense crece para hacer de Colombia un país moderno y competitivo que juegue sus bazas en la economía global, la ciudad se ha ido degradando y sus condiciones de vida son una vergüenza. Los propios indicadores gubernamentales hablan de casi un 70 por ciento de la población que vive bajo la línea de pobreza, de un desempleo que alcanza el 40 por ciento, de una tasa de analfabetismo superior al promedio nacional y de un déficit cualitativo en vivienda cercano a las 30.000 unidades.

Buenaventura carece de todo. La prestación de servicios públicos esenciales en salud y educación son pésimos y siendo una región con una gran riqueza hídrica cuenta con un lamentable servicio de agua y alcantarillado, tanto en su cobertura como en la continuidad de la prestación del servicio. La prosperidad que se deriva de las actividades comerciales del puerto no se ha visto ni mucho menos reflejada en una mejor calidad de vida para la mayoría de los y las habitantes de Buenaventura.

La pobreza en Buenaventura contrasta con la riqueza del puerto. Foto: Javier Sulé

La pobreza en Buenaventura contrasta con la riqueza del puerto. Foto: Javier Sulé

‘Casas de pique’ y mil formas de violencia

Esta zona del Pacífico, que hasta hacía poco más de veinte años había vivido relativamente al margen del conflicto armado que azota Colombia, vio además como los proyectos de expansión portuaria iban acompañados de unos niveles violencia inimaginables. Según cifras oficiales, entre 1990 y 2014, un total de 152.837 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en la ciudad; se registraron 548 desapariciones y hubo 5.047 asesinatos, el 70 por ciento de los cuales se produjeron a partir del año 2000. Sólo el año pasado en Buenaventura, una ciudad de apenas 400000 habitantes, hubo 153 muertes violentas.

La sevicia y la tortura se consolidaron como formas de victimización, tanto así que la ciudad portuaria tomó trascendencia internacional por las llamadas casas de pique, lugares utilizados de forma sistemática por las bandas criminales paramilitares para descuartizar a sus víctimas y causar así un mayor terror entre la población de los barrios. La violencia sexual, la violencia física, las masacres, las amenazas, el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes o las extorsiones forman aquí un cuadro criminal que ha hecho de Buenaventura una de las ciudades más violentas del mundo.

Las organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos denuncian que la violencia ha jugado un papel determinante para poner en marcha los megaproyectos portuarios y ha sido utilizada para presionar a la población para que abandone el territorio sin compensación alguna, bajo amenazas de muerte, o forzar la venta a precios bajos para tomar su control o usufructuarlo inmediatamente con grandes beneficios económicos. Los barrios que han concentrado los conflictos más sangrientos han sido precisamente aquellos donde se han hecho o se harán los grandes proyectos de infraestructura portuaria o el nuevo “malecón”.

La irrupción de TCBUEN ocupó espacios comunitarios del barrio de la Inmaculada. Foto: Javier Sulé

La irrupción de TCBUEN ocupó espacios comunitarios del barrio de la Inmaculada. Foto: Javier Sulé

Algunos de estos barrios especialmente afectados por la violencia son los que conforman la Comuna 5 de Buenaventura. Aquí se instaló hace cuatro años la empresa portuaria TCBUEN, empresa filial del Grup Marítim Terminal de Contenedores de Barcelona (Grup TCB) con sede en la Ciudad Condal y que posee el 60 por ciento de las acciones. Otro 30 por ciento está en manos de la empresa GEPSA que dirige el influyente empresario local Óscar Isaza, relacionado en su momento con el narcotráfico y al que la policía acabó extrañamente exculpando y pidiéndole perdón por dichas acusaciones.

Grup TCB es el primer operador marítimo español de terminales portuarias y servicios de ingeniería y consultoría marítima para carga de contenedores y general. Es también uno de los de mayor proyección internacional. Cuenta ya con 11 terminales marítimas de carga y descarga de contenedores repartidas por todo el mundo, principalmente en España. La de Buenaventura mueve alrededor de una tercera parte del total de las mercancías que pasan por el puerto de esta ciudad del Pacífico. Según la propia empresa, en 2014 atendió 210 barcos. Su accionariado cuenta como socio mayoritario con el grupo Pérez y Cía, propietaria de la naviera Pérez y Cia, perteneciente a la aristocrática familia Pérez Maura y que posee el 41’9 del capital social. La británica Portobar Capital tiene el 38,6 y el fondo de inversión holandés Belami un 18’6 por ciento.

Informe demoledor

La Mesa Catalana por Colombia es una entidad que agrupa a más de 10 ONG’s que trabajan en Colombia. La semana pasada llevó el caso de TCBUEN ante el Parlament de Catalunya tras considerar que la inversión en Buenaventura se ha desarrollado en un contexto de grave violación de los derechos humanos, de violencia y de expulsión de las comunidades negras que ancestralmente habitaron los territoritorios que ocupa la empresa. Los parlamentarios conocieron el informe y escucharon además de primera mano los testimonios del Obispo de Buenaventura Héctor Epalza y del senador del Polo democrático Alexánder López lamentando la grave situación que vive la ciudad derivada de la expansión portuaria. “No estamos en contra de las inversiones extranjeras, pero sí que se hagan sobre la sangre y el dolor de miles de personas”, dijo el político colombiano. La empresa fue invitada a defenderse y dar explicaciones. No compareció.

El informe señala que la actividad de TCBUEN tiene unos graves impactos sociales y territoriales e hizo invivible la vida en los barrios de La Inmaculada y Santa Fe, adyacentes al proyecto. De entrada, la empresa no realizó la consulta previa pertinente con las comunidades que obliga la ley cuando los proyectos afectan a comunidades ancestrales, sean indígenas o afrodescendientes. El gobierno colombiano consideró que no daba lugar hacerla por tratarse de comunidades urbanas sin titulación colectiva de tierras, lo cual fue enmendado posteriormente por la Corte Constitucional que estableció el derecho de las comunidades negras a ser consultadas.

Un pescador frente a las gruas de la empresa TCBUEN. Foto: Javier Sulé

Un pescador frente a las gruas de la empresa TCBUEN. Foto: Javier Sulé

El informe constata que la comuna 5 donde se asienta TCBUEN ha sufrido la violencia muy duramente. Entre 2008 y 2010 hubo allí 46 asesinatos, incluido el de un vicepresidente de la Junta de Acción Comunal. Los desplazamientos de personas también han sido continuos y masivos. El clima de terror ha sido generalizado.

La líder comunitaria Rocío del Pilar Segura, vecina del barrio de La Inmaculada, estuvo también en Barcelona sosteniendo las denuncias contra la empresa. Ella vive a apenas 20 metros de la terminal de contendedores que un muro separa del barrio. Según Rocío, no pueden dormir porque el ruido generado por el movimiento de carga y descarga es insoportable, especialmente en las noches. Igualmente, las vibraciones están ocasionando grietas en las casas y la empresa vierte de forma irregular aguas residuales.

Casas del barrio de Santa Fe afectadas por la actividad de la empresa   TCBUEN. FOTO: Javier Sulé

Casas del barrio de Santa Fe afectadas por la actividad de TCBUEN. FOTO: Javier Sulé

Los vecinos y vecinas afectadas por la presencia de la empresa se quejan la pérdida de sus espacios comunitarios recreativos y de la inseguridad vial que provoca la llamada Vía Alterna Interna por donde a diario pasan centenares de trailers. El impacto de TCBUEN sobre el estero donde se asienta la comunidad y el ecosistema de manglar ha afectado también la actividad pesquera tradicional. Rocío del Pilar Segura asegura que la empresa prometió dar trabajo a mucha gente de la comunidad que luego no cumplió. Precisamente, el informe señala que TCBUEN no permite la actividad sindical y a los estibadores los engloba dentro de una categoría distinta para pagarles únicamente el salario mínimo.

El documento “Asedio a las comunidades”, los impactos de una empresa catalana, Grup TCB, en Buenaventura, Colombia, se dio a conocer también en el marco de unas jornadas que bajo el título Qué marca Barcelona? Inversiones catalanas en el exterior: el caso de Buenaventura en Colombia contó con la presencia del obispo de esa ciudad, Montseñor Héctor Epalza, del senador Alexánder López, de Leyla Andrea Arroyo, representante del Proceso de Comunidades Negras y del Comité Inter-Organizacional de Buenaventura y de Rocío del Pilar Segura- líder comunitaria del barrio de La Inmaculada en la Comuna 5, directamente afectado por el proyecto de TCBUEN. El informe completo en el que he podido colaborar junto a Maria Jesús Pinto y Tomás Gisbert lo podéis consultar completo en: http://www.taulacolombia.org/sites/default/files/informebuenaventura_int_act_0.pdf

Un pensamiento en “TCBUEN, negocios en medio de la barbarie de Buenaventura

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